MIS DATOS, ¿EN MANOS DE?

No hay persona que en este momento esté ajena a la controversia generada respecto de la aprobación al proyecto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por el Senado de la República, que busca otorgar atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones, para la instalación, operación, regulación y mantenimiento del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), lo que permite el registro de datos biométricos de las y los usuarios de telefonía celular.

El que nuestro nombre, dirección, número de identificación oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP) e incluso los datos biométricos (huellas digitales, el rostro, la retina, el iris, la estructura de las venas de la mano, la forma de las orejas, la piel y el ADN, entre otros) puedan ser manipulados en nuestro perjuicio es una grave vulneración a nuestros derechos; las cifras no son alentadoras, pues de acuerdo al Banco de México, nuestro país tiene el octavo lugar mundial en robo de identidad, mientras que la CONDUCEF señala que en 2019 ocurrieron cerca de 41 mil robos de identidad cibernética y tradicional.

Aunque el argumento de “cuidar a la población” y colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad pública y justicia ante la comisión de delitos cometidos por usuarios de la telefonía móvil; parece válido, son más que evidentes los riesgos; debemos preocuparnos por la clara y no muy lejana posibilidad de filtración, clonación o venta de datos personales sensibles en el mercado negro, lo cual genera una violación real, actual e inminente para los empadronados.

Es aquí donde la obligación del estado de proteger la seguridad no puede ser en detrimento del cuidado de nuestra información; la existencia de este padrón genera más problemas de los que soluciona, pues se debe partir de la presunción de inocencia y no al contrario; ante tal análisis, es evidente la violación a este principio, puesto que vierte toda la carga de la prueba al titular de la línea telefónica, y en tanto no se pruebe lo contrario será considerado el principal sospechoso en la comisión de un delito.

Luego entonces… ¿No es esta reforma una grave violación de derechos humanos?

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