Menos regidores, ¿más democracia?

En Hidalgo la reforma electoral ya puso la mesa para la siguiente elección municipal, y aunque desde el discurso oficial se presenta como una operación de racionalidad, ahorro y eficiencia, la pregunta incómoda es otra, ¿menos regidores significan realmente mejores gobiernos o simplemente menos voces sentadas en la mesa? Porque reducir una nómina puede ser relativamente sencillo, lo complicado es demostrar que reducir representación política no terminará reduciendo también los contrapesos dentro de los ayuntamientos, y ahí es donde la discusión se pone sabrosa, porque una cosa es hablar de austeridad y otra muy distinta es hablar de democracia con calculadora en la mano.

El Congreso de Hidalgo aprobó una reforma al Código Electoral que modifica la integración de los 84 ayuntamientos, establece nuevos rangos de población para determinar el número de regidurías, mantiene una sindicatura y elimina la figura de la sindicatura de primera minoría, cambios que serán aplicables al proceso electoral 2026-2027, mientras que los actuales ayuntamientos continuarán con la integración con la que fueron electos, así que no estamos hablando de quitarle la silla a alguien que hoy está sentado, sino de cambiar las reglas para quienes lleguen después. La justificación oficial es clara: armonizar la legislación estatal con el nuevo marco constitucional y racionalizar el funcionamiento de los cabildos, además, los ahorros que eventualmente se generen deberán permanecer en los municipios y destinarse a infraestructura pública, es decir, menos funcionarios, menos gasto corriente y, en teoría, más obra. Suena bonito, casi como comercial de televisión, pero la política rara vez funciona tan derechito.

Marco Antonio Rico, dirigente estatal de Morena, salió esta semana a defender la medida bajo el argumento de que existía una sobrerrepresentación en los cabildos y que el número de ediles no necesariamente correspondía con el tamaño de la población, una explicación que tiene lógica administrativa, porque tampoco parece razonable que todos los municipios necesiten estructuras idénticas cuando sus poblaciones, presupuestos y problemas son completamente distintos, pero aquí aparece el pequeño detalle que suele esconderse debajo de la alfombra: un cabildo no solamente administra, también vigila, cuestiona, negocia y representa intereses distintos, y cuando se reducen sus integrantes, también cambia la correlación de fuerzas, especialmente en municipios donde un partido puede obtener una mayoría amplia.

Ahí es donde el asunto deja de ser una simple cuenta de cuántos regidores caben en una nómina y comienza a convertirse en una discusión sobre el equilibrio político, porque si el argumento es que sobran representantes, habrá que explicar también qué mecanismos garantizarán que las minorías tengan una voz efectiva cuando la mayoría tenga prácticamente todo el control del ayuntamiento, de lo contrario podemos terminar con cabildos más pequeños, sí, pero también con menos capacidad para incomodar al presidente municipal de turno, y vaya que en los municipios hace falta quien incomode, porque un regidor que solamente levanta la mano para aprobar todo no sirve de mucho, aunque cobre poquito.

Y aquí entra Elena Poniatowska, quien tantas veces ha puesto la mirada en esa relación entre el poder y la gente común, porque la democracia no se trata solamente de llenar urnas, sino de que las voces que existen en una comunidad encuentren algún espacio para hacerse escuchar, así que simplifiquémoslo a la hidalguense: si hay menos sillas, que no haya también menos voces, porque ahorrar dinero público puede ser una buena intención, pero ahorrar democracia sería un negocio bastante caro.

También hay que reconocer la otra cara del asunto, porque tampoco sería serio defender que cada municipio necesita una multitud de funcionarios solamente para garantizar pluralidad, cuando durante años los cabildos han sido utilizados en algunos lugares como espacios de reparto político, negociación de intereses y, en no pocos casos, como premio de consolación para quienes perdieron una elección pero encontraron una silla para seguir en la jugada. Esa práctica también merece revisión, porque una democracia saludable no necesita más cargos por decreto, necesita representantes que realmente representen, que lean los documentos, que fiscalicen, que cuestionen y que tengan el valor de decirle que no al alcalde cuando corresponda, aunque después les dejen de invitar al pastel.

Por eso la discusión no debería quedarse en “Morena dice que ahorra” contra “la oposición dice que concentra poder”, porque ambas frases se quedan demasiado cortas para un asunto que tendrá efectos en los 84 municipios. La verdadera prueba estará en lo que ocurra después de 2027, cuando comiencen a funcionar los nuevos cabildos y pueda comprobarse si las economías realmente se convierten en calles, drenajes, agua, alumbrado y servicios, o si el famoso ahorro termina perdido entre otras partidas presupuestales, porque si el dinero no llega a infraestructura, entonces la promesa de austeridad habrá sido solamente eso, una promesa con traje de reforma electoral.

Al final, el debate no debería ser cuántos regidores queremos, sino para qué queremos regidores, porque si la respuesta es únicamente para engordar nóminas, sobran, pero si la respuesta es para vigilar al poder, representar a las minorías y evitar que un ayuntamiento se convierta en una oficina donde todos dicen que sí, entonces la discusión cambia por completo. Menos cargos puede significar menos gasto, pero solamente una mejor representación puede significar mejor democracia, y esa diferencia no se resuelve con una calculadora.

Porque una cosa es adelgazar los cabildos y otra adelgazar la democracia, y ahí sí, aguas, porque cuando al poder le quitan una silla puede ahorrar dinero, pero cuando a la ciudadanía le quitan una voz, el precio puede ser mucho más alto.