Manifestantes de Ixmiquilpan se van con promesa de solución.

Después de 10 horas de permanecer afuera del palacio de gobierno, vecinos de Capula, en el municipio de Ixmiquilpan, se retiraron tras la promesa de que gobierno del estado resolverá la situación jurídica de sus predios en seis meses.

De acuerdo con los quejosos, el pasado 22 de febrero solicitaron una audiencia con el gobernador y el titular de Conagua en la entidad, toda vez que aseguraron que dicho organismo del agua pretende despojarlos de tierras que han tenido en posesión por más de 40 años.

Al finalizar la mesa de diálogo con autoridades estatales y federales, informaron que 300 campesinos son los afectados por dicha situación; sin embargo, Conagua aseveró que era dueño legítimo de los predios en controversia, por lo que los desincorporó hace dos años a favor de gobierno del estado, a través de una instancia.

Ante está situación, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, dijo que presionarán a autoridades federales para que se libere la documentación legal de posesión de las tierras en favor de los quejosos, con el fin de finiquitar el tema.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) se comprometió a designar a un abogado de oficio para que asesore a los vecinos de Capula y puedan obtener las escrituras de los predios en conflicto.

Durante la manifestación, y ante la falta de atención de las autoridades estatales, los campesinos impidieron la entrada y salida del personal que labora en el edificio de gobierno, pues dijeron que no se retirarían hasta ser atendidos por el gobernador y Conagua.

En primera instancia, salió a entablar diálogo con ellos el titular de la Unidad de Planeación, Miguel Tello, a quien le recriminaron que a un año de haber acudido a pedir solución a su situación, en la que este estuvo presente, no se ha resuelto nada.

Al no lograr nada con los quejosos, tuvo que salir Olivares Reyna con el encargado de despacho de la procuraduría, Francisco Fernández Hasbún, quienes lograron que se formará una comitiva para atenderlos.

Pero tras 10 horas de plantón, el despliegue de granaderos y retención de trabajadores, solo lograron que su caso sea resuelto en seis meses.