Instancias deberán determinar si alcalde electo de Orizatlán rinde protesta: contralor

A poco más de un mes para la toma de protesta de los 84 alcaldes electos, Carlos César Pérez Escamilla, petista que obtuvo el triunfo en las urnas el pasado 2 de junio para la presidencia municipal de San Felipe Orizatlán, busca por diversos medios legales encabezar la próxima administración municipal, toda vez que en agosto del año pasado fue inhabilitado por 30 meses para ejercer cualquier cargo público.

Al ser cuestionado al respecto, el contralor Álvaro Bardales solo se limitó a decir que el exregidor de la actual administración local puede recurrir a cualquier instancia para revertir dicha suspensión y en caso de que fallen a su favor antes del 5 de septiembre, podrá asumir el cargo. Además, se deslindó del caso al justificar que fue el órgano interno de control municipal quien determinó dicha sanción debido a que el edil no presentó su declaración patrimonial; además , fue denunciado por presentar documentación falsa.

“Son los propios ayuntamientos, los órganos internos de control, los que determinan la infracción. La irregularidad nos la pasan a nosotros y nosotros tenemos que hacer una especie de análisis y hacemos el comunicado a la Secretaría de la Función Pública para su correspondiente publicación”, comentó.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de presentar la declaración patrimonial, pues de lo contrario suceden este tipo de casos que les impiden acceder a otro cargo.

Pérez Escamilla buscó ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) echar a tras la inhabilitación, pero este determinó la incompetencia para conocer del juicio y lo remitió al Tribunal de Justicia Administrativa debido a que el caso está relacionado con un procedimiento administrativo; sin embargo, al no estar conforme con la decisión, presentó su inconformidad a la Sala Regional Ciudad de México, quien aún no resuelve el caso.

En cuanto al recurso de amparo, la justicia federal sigue revisando el expediente, y aunque el quejoso aseguró que la Secretaría de Contraloría no le dio derecho de audiencia, Álvaro Bardales insistió en que la dependencia que preside nada tuvo que ver con la sanción impuesta al alcalde electo, por lo que quien no le dio tiempo de defenderse fue el municipio.

“Nosotros sabíamos de la inhabilitación desde que inició el proceso (electoral), pero si hay irregularidad debe sancionarse. El servidor público tiene todos los medios de defensa para interponer recursos”, puntualizó.