Hidalgo: Impunes los agresores de periodistas

A pesar de las denuncias de varios periodistas hidalguenses y las 70 carpetas de investigación activas, la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, (PGJH), no ha detenido ni sentenciado a las personas señaladas desde 2015; un hecho alarmante para los trabajadores de la comunicación.

De acuerdo al diputado Roberto Rico Ruiz, de 2015 hasta junio del 2022, la PGJH cuenta con casi 70 carpetas de investigación, pero solo siete se encontraron en averiguación previa con el modelo de justicia anterior y tres judicializadas, asimismo, siete fueron archivadas definitivamente, cinco enviadas a archivo temporal, y tres en las que no se ejerció acción penal.

Sin embargo, hasta la fecha no se tienen detenidos ni sentenciados por dichas agresiones. De igual forma, la organización Artículo 19 declaró en su informe del 2021 que en el delito de la distorsión, se registraron cinco agresiones, y en el discurso contra la realidad, se registraron seis.

En el 2018 se recibieron siete reportes de agresiones como amenazas, ataque a medios, agresiones físicas, intimidación, hostigamiento, privación de la libertar, y uso legítimo del poder público, además, en ese mismo periodo la entidad tuvo elecciones federales y estatal, y también se documentaron tres incidentes durante el proceso electoral y dos durante el día de la jornada.

En junio pasado, el diputado local Roberto Rico Ruiz presentó una iniciativa para la creación de la Fiscalía de Atención a Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y Periodistas, la cual sería un órgano de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).

En su intervención, aseguró que la creada en 2015 “no fue trasladada a la Ley Orgánica que, a través de la presente, se reforma y adiciona, menos aún, resulta ser un órgano en funciones, ya que los asuntos en materia de la misma han sido transitados a través de la Subprocuraduría de Delitos de Género, Desaparición de Personas e Impacto Social”.

Finalmente, expresó una “evidente falta de mecanismos idóneos” de las autoridades para prevenir y evitar delitos contra la libertad de expresión, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, por lo que consideró necesaria la reactivación y reconfiguración de la fiscalía.