Cierran acceso público a registro de agresores sexuales

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), determinó que el Registro Público de Agresores Sexuales (RPAS) de la Ciudad de México, creado en 2020, viola el derecho de reinserción social, por lo que su acceso al público fue cerrado.

De acuerdo con la SCJN, el RPAS genera estigma y una doble pena para los sentenciados por delitos de feminicidio, violación, abuso y acoso sexual contra menores de 12 años, turismo sexual y trata de personas, ya que su reinserción social se ve "alterada" al exponer sus delitos al público.

Por lo anterior, una mayoría de ocho ministros determinó que no debe ser público, y el máximo tribunal dio la razón a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en las impugnaciones que ambos organismos formularon vía acción de inconstitucionalidad contra el RPAS.

“La inscripción en el Registro tiene como consecuencia la reiteración de ese juicio de valor negativo de las personas que fueron declaradas penalmente responsables, lo que les propicia de cara a la sociedad, una situación permanente a partir del delito que cometieron: ser marcados como agresores sexuales”, declaró Norma Piña Hernández, presidenta de la SCJN.

Sin embargo, la presidenta Piña dijo considerar que el RPAS es válido y constituye un instrumento de gran utilidad como mecanismo de política pública para la prevención y protección de mujeres, niñas, niños y adolescentes, frente a la violencia sexual, y beneficia la investigación de delitos sexuales y en la identificación de probables responsables.

Asimismo, el expresidente de la SCJN, Arturo Zaldívar afirmó que el registro es constitucionalmente válido, porque, subrayó, no castiga a los infractores de delitos sexuales, sino que previene, cuida y salvaguarda los derechos y la integridad de las mujeres.