Avala sala regional adquisición de vehículos de lujo del Panalh.

Dos de los tres magistrados de la sala regional de la Ciudad de México, avalaron la compra de camionetas de gama alta por parte del Partido Nueva Alianza Hidalgo (Panalh), lo que representó una erogación por 2 millones 225 mil 300 pesos, al considerar que no existe un parámetro para determinar lo que es una unidad de lujo.

El instituto turquesa impugnó la resolución del consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que le impuso multas por diversas irregularidades detectadas en los informes de gastos anuales correspondientes a 2022, entre ellas la referente a la compra de las unidades, ya que consideró que no cumplían con el objeto partidista y destinó el 41 por ciento de las prerrogativas para dicho fin.

Esto, toda vez que adquirió una camioneta GMC Acadia color abolene White tricoat con capacidad para siete pasajeros con un valor en el mercado de 1.2 millones de pesos, con pantalla táctil de 7 pulgadas de alta resolución, servicios de asistencia personalizada incluyendo un Hot Spot de Wi-Fi integrado para hasta siete dispositivos, ocho bocinas Bose con amplificador y subwoofer, auto-cámara de visión trasera, entre otras características.

La segunda camioneta es una Chevrolet Silverado Custom color blanco de batea, con capacidad para siete personas con valor aproximado de 900 mil pesos, con sistema de info-entretenimiento con pantalla táctil a color de 7 pulgadas, cámara de reversa y un sistema hotspot Wi-Fi para siete dispositivos.

En ese sentido, la magistrada María G. Silva Rojas se pronunció en contra de avalar dicho gasto y retirarle la multa al partido, pues si bien el Panalh dijo que las consideraciones del INE son infundadas y carentes de motivación, que se asumen suposiciones subjetivas y sin sustento fáctico y objetivo, lo cierto es que el instituto explicó que todos los gastos de partidos deben apegarse a los fines del instituto y a ciertos criterios de economía, eficacia, racionalidad y austeridad.

En ese sentido, puntualizó que mientras el partido solo se limitó a decir que las unidades no eran de lujo, no presentó pruebas para desmentir lo dicho por el INE, el instituto sí investigó y demostró que eran de gama alta por sus características, por lo que la carga para demostrar lo contrario por lo dicho por la autoridad correspondía al partido.

“Los partidos deben emplear el recurso público apegándose a esos criterios de economía, racionalidad y austeridad, y si no lo hacen, destinan recursos públicos a cuestiones que no son necesarias a sus funciones y en consecuencia se les debe sancionar “, puntualizó la magistrada.

Por su parte, Luis Enrique Rivero Carrera, justificó la compra diciendo que el INE no informa sobre cuáles son los criterios de racionalidad y austeridad, pues al no existir lineamientos los partidos no saben las características que deben cumplir las unidades para no considerarse de lujo.

“El tema es saber qué tipo de vehículos puede comprar, pero el INE le dice que no sean de lujo, pero no dice qué es lujo, la carga (de la prueba) es de quien hace la imputación, la única imputación que hay es que es caro”, precisó.